El Gobierno colombiano anunció una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 675.000 euros) por datos que contribuyan a la detención de guerrilleros vinculados con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, implicados en actos de violencia en la región de Catatumbo.