Bogotá 24 Sep. (COLPRENSA) -
- Luego de conocerse el video en el que un grupo de militares se hizo pasar por miembros de las disidencias para amedratar a una comunidad en la vereda Bocas del Manso, en el municipio de Tierralta (Córdoba), el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, dijo en una entrevista que el hecho había sido una conducta aislada, probablemente por un comandante descriteriado .
Sin embargo, las denuncias que han recogido en los últimos meses autoridades nacionales y locales muestran que los abusos registrados en el video no eran los primeros que tenía que soportar esa comunidad. El 19 de septiembre, la Defensoría del Pueblo, que hizo presencia en el lugar para analizar las violaciones a los derechos humanos, apuntó que es algo recurrente.
Lo ocurrido en Bocas del Manso a inicios de la semana anterior no es una situación aislada, son hechos reiterados en esa zona del departamento de Córdoba. Así lo denunciaron sus habitantes a nuestra comisión de la Defensoría del Pueblo, que estuvo haciendo verificación de derechos humanos durante varios días en el lugar , aseguró el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis.
Los relatos de la comunidad han sido conocidos por autoridades locales durante, al menos, tres años. Fuentes en el terreno le confirmaron a Colprensa que, aunque ningún caso había alcanzado la connotación que logró la incursión agresiva del Ejército del 11 de septiembre, la población de Tierralta y sus veredas ha tenido que convivir entre la instrumentalización del Clan del Golfo y la estigmatización de miembros de la Fuerza Pública.
Como el territorio es geográficamente estratégico para el almacenamiento y comercialización de droga, Tierralta y sus veredas aledañas han estado en medio del fuego cruzado y el olvido del Estado por años. Tanto es así que desde 2016, con la desescalada del conflicto con las entonces Farc, el Clan del Golfo encontró una especie de refugio que no ha abandonado.
Los corredores de droga, como el río Sinú, han sido epicentro de violencias que no han quedado grabadas en video. Los testimonios de la comunidad, conocidos por entidades como la Personería o la Defensoría, dan cuenta de denuncias contra miembros de la Armada de Colombia, por obstaculizar la libre movilidad y golpear a habitantes de la zona con el pretexto de que podrían ser colaboradores del Clan.
Además, los campesinos de la zona siguen siendo hostigados, como denunciaron, por ejemplo, en febrero de 2021, cuando sujetos armados sin identificar (como ocurrió en principio en el reciente caso de Bocas del Manso), dispararon contra la vivienda de Cervelion Cogollo, líder campesino de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú, Asodecas, que fue nuevamente amenazado en mayo y en julio de este año.
La Defensoría del Pueblo le explicó a Colprensa que no conocen reportes de incursiones similares, en las que el Ejército se disfraza de un grupo delincuencial y ejerce hostigamientos delincuenciales. Sin embargo, sostienen que las narraciones de la población recalcan que se sienten maltratados por el actuar de las Fuerzas Armadas.
La Fuerza Pública no ha sido ajena a la corrupción en la zona. En agosto de 2022, un subintendente y un patrullero, ambos entonces activos en la Policía, fueron capturados por presuntamente ocultar o alterar material probatorio, luego de detener a dos supuestos miembros del Clan del Golfo y quedarse con un teléfono celular decomisado.
Desde el Ejército, por otro lado, insisten en desligarse de ese panorama. El coronel José Lesmes, excomandante de la Brigada 11 recientemente retirado por los hechos, aseguró que la incursión del 11 de septiembre fue la primera vez que el Ejército llegaba a Bocas del Manso, dado que era una suerte de zona vedada por la consolidación de los grupos armados ilegales.
No obstante, Lesmes dice no haber tenido el mando en el momento en que ocurrió, pues se encontraba de vacaciones y el comandante encargado era el segundo oficial, de quien no reveló el nombre, aunque mencionó que le parecía curioso que no hubiese proceso disciplinario alguno contra él.
Mientras tanto, los tierraltenses siguen en el medio de toda disputa por el control, mientras el Ejército, ya bastante cuestionado, sigue haciendo presencia en la zona. Las autoridades investigan y las vulneraciones de derechos humanos no parecen terminar, aunque se tiene previsto que el gobierno Petro lleve la presencia integral del Estado que tanto hace falta.