COLOMBIA, 12 Nov (EUROPA PRESS)
El Estado colombiano ha reconocido su responsabilidad en el asesinato del líder guerrillero y candidato presidencial, Carlos Pizarro, sucedido hace 34 años en 1990. En una declaración histórica, César Palomino, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), hizo el anuncio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en presencia de MarÍa José Pizarro, senadora e hija de la víctima, reportó el periódico 'El Tiempo'.
Palomino explicó que "Se encuentra probado que en la ejecución extrajudicial de Pizarro Leongómez están involucrados no solo grupos paramilitares, sino también agentes del Estado; particularmente, miembros del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que entre otras cosas eran responsables de protegerlo". Esta afirmación subraya la complejidad y la gravedad de los eventos que llevaron a la muerte de Pizarro, quien fue un firmante de acuerdos de paz y lideraba el Movimiento 19 de abril.
Durante su intervención, Palomino también reconoció que a Pizarro se le vulneraron derechos fundamentales como la libertad de pensamiento, expresión y de asociación, y afirmó que los motivos detrás de su asesinato fueron políticos. Admitió que hubo una falta de garantías jurídicas y que el proceso judicial estuvo lleno de demoras, lo que afectó el derecho a la verdad de los familiares del asesinado.
MarÍa José Pizarro, quien lleva 34 años luchando por la justicia y la verdad en el caso de su padre, afirmó que han tenido que asumir roles que correspondían a la justicia colombiana. Su compromiso con la búsqueda de justicia para su padre sigue firme: "Yo llevo 34 años luchando por la verdad, por la justicia. Este es el trabajo de toda una vida. En medio de este proceso hemos tenido que hacer lo que la justicia colombiana no ha hecho y, por lo tanto, seguiremos luchando".
Carlos Pizarro Leongómez fue asesinado el 26 de abril de 1990 en un vuelo de Bogotá a Barranquilla por el sicario Gerardo Gutiérrez Uribe, alias 'Jerry'. Su muerte ha marcado uno de los episodios más oscuros de la historia política reciente de Colombia, y el reconocimiento de la responsabilidad del Estado representa un paso significativo hacia la reconciliación y la justicia.