COLOMBIA, 15 Nov (EUROPA PRESS)
La Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín Ortiz, ha expresado su preocupación y escepticismo frente a la decisión del Gobierno de nombrar a 18 exlíderes paramilitares como gestores de paz para contribuir a la Justicia y la reparación de las víctimas. Ortiz se interrogó sobre la confiabilidad de estos individuos que en el pasado fueron causantes de graves crímenes de guerra y han reincidido en sus acciones delictivas.
Destacó a figuras como Hernán Giraldo Serna, alias 'El Taladro', por sus crímenes sexuales, y Rodrigo Tobar Pupo, alias 'Jorge 40', conocido por desplazamientos forzados y violencia, entre otros, quienes fueron excluidos anteriormente de la ley de Justicia y Paz. Ortiz cuestionó la validez de nominarlos como gestores de paz cuando en realidad fueron gestores de guerra y aún están en prisión por sus crímenes.
Al informar sobre el tema, Ortiz enfatizó que estas designaciones no deben conllevar beneficios judiciales y que no alteran la situación legal de los implicados. Insistió en la importancia de mantener un compromiso firme con la verdad, justicia y reparación para las víctimas, y asegurar que el trabajo de los gestores se desarrolle en un marco claro y público.
Además, subrayó que aquellos designados no deben ser considerados como modelos morales en la construcción de paz en el país. Reiteró la necesidad de exigir el cumplimiento de compromisos por parte de quienes previamente recibieron una oportunidad para contribuir a la paz.
Ortiz también denunció un aumento en el reclutamiento forzado de menores por grupos armados, subrayando que algunos de estos grupos actualmente están en diálogos de paz con el Gobierno. Este hecho resalta la complejidad y los desafíos en los esfuerzos del Gobierno para alcanzar la paz en Colombia.
El Gobierno, a través del Alto Comisionado para la Paz, anunció la designación de estos exjefes paramilitares el 8 de noviembre, incluyendo nombres conocidos como Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', Arnubio Triana Mahechas, alias 'Botalón', y Diego Murillo Bejarano, alias 'Don Berna', como parte de esta controversial medida. La decisión ha generado un amplio debate sobre la efectividad y las implicaciones de reincorporar a exlíderes paramilitares en el proceso de paz del país.