COLOMBIA, 9 Apr (EUROPA PRESS)
La Jurisdiccion Especial para la Paz (JEP), creada a partir de los acuerdos de paz del año 2016 en Colombia, imputó este martes a 28 militares retirados, incluidos tres generales, por su presunta participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad. Estos individuos estarían involucrados en el homicidio de 604 personas en la región de Costa Caribe, las cuales fueron presentadas falsamente como bajas en combate.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP llegó a esta conclusión después de investigar 796 muertes registradas por el Ejército colombiano como resultados operacionales. El organismo determinó que el "76 por ciento de las bajas en combate analizadas, que fueron reportadas entre enero de 2002 y octubre de 2008 por las 19 unidades militares investigadas, fueron falsas". Así lo comunicó la JEP durante una rueda de prensa.
Entre las víctimas denunciadas en este período, se encuentran 31 indígenas, 26 menores de edad y 14 mujeres, destacando el caso de una mujer embarazada. Hasta ahora, solo se han logrado entregar de manera digna los cuerpos de 14 víctimas, tras ser localizados e identificados, mientras que 122 víctimas aún permanecen sin identificar.
La JEP también documentó que otras 13 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate fuera del período comprendido entre 2002 y 2008.
Los 28 implicados, pertenecientes a las Fuerzas Armadas y entre los cuales se encuentran tres generales, dos comandantes, siete coroneles, tres tenientes coroneles y cuatro mayores, "cada uno de los imputados tuvo un rol esencial en la configuración del patrón criminal y participó en conductas especialmente graves y representativas, sin las cuales no se hubiera desarrollado y perpetuado el plan criminal", según señala la JEP.
Además, se les atribuye para "propagar el fenómeno de asesinatos y desapariciones forzadas en la Costa Caribe colombiana". Se les acusa de haber ejecutado crímenes "de manera sistemática y a gran escala" en los siete departamentos que conforman la Costa Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.
Los acusados tienen un plazo de 30 días hábiles desde su notificación para aceptar o rechazar los cargos de guerra y de lesa humanidad imputados por la JEP. De optar por rechazarlos, enfrentarán un juicio que podría condenarlos a 20 años de cárcel.