CIUDAD DE MÉXICO, 26 Sep. (Notimérica) -
Dos años. Ó 24 meses. Ó 730 días. Es el tiempo durante el que perdura el "uno de los peores escándalos de Derechos Humanos de la historia reciente de México". Así calificó Amnistía Internacional (AI) a los sucesos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Lo que comenzó con la intención de decenas de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa de conmemorar una matanza estudiantil ocurrida décadas antes, desembocó en una tragedia que sacudió por completo el panorama sociopolítico mexicano.
Para poner en contexto, hay que remontarse hasta julio de 1968, fecha en la que nació el movimiento estudiantil. Este movimiento organizó una protesta el 2 de octubre del mismo año contra el autoritarismo del por entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.
La manifestación culminó con una serie de violentos enfrentamientos con las autoridades que se saldaron de forma trágica: el número de muertos es desconocido hasta la fecha, pero se sitúa entre 300 y 500, con más 2000 detenidos. Este negro día fue bautizado como la Matanza de Tlatelolco.
ANTECEDENTES DE LA DESAPARICIÓN DE IGUALA
El 26 de septiembre de 2014, los 'normalistas' de Ayotzinapa llegaron a Iguala (estado de Guerrero) para recaudar fondos con motivo de un homenaje previsto en la capital a las víctimas de Tlatelolco.
Ese día la esposa del alcalde tenía previsto presentar un informe de su labor al frente del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia municipal y, ante el temor de que los estudiantes reventaran el acto, como ya había ocurrido en el pasado, el por entonces edil de Iguala, José Luis Abarca, ordenó a la Policía actuar contra ellos.
Como parte de la estrategia estudiantil para llegar a Ciudad de México, los alumnos habían estado secuestrando autobuses y combustible a lo largo de una semana para concentrarlos en la escuela.
Así, los 'normalistas' acudieron a Iguala para buscar más vehículos en al menos tres autobuses robados, llegando a confiscar otros dos. Aun no sabían que su destino iba a 'dar un fuerte volantazo'.
LA DESAPARICIÓN
Alertados por la llamada del conductor de unos de los autobuses, la Policía igualteca fue a dar con los estudiantes, comenzando así uno de los episodios más duros de los últimso años: apoyados por las autoridades de Coluca (municipio de Jalisco), los agentes policiales abrieron fuego contra los jóvenes y, por equivocación, también tirotean el vehículo en el que viajaba el equipo de fútbol de Iguala.
El enfrentamiento acabó con la vida de seis personas, además de otras 25 que salieron heridas. Los que consiguieron sobrevivir en el momento, fueron detenidos y conducidos a una región entre Iguala y Cocula, donde fueron entregados a la organización criminal guerrense 'Guerreros Unidos'. El rastro de 43 se esfumó por completo.
La versión oficial del exprocurador general de la República, Jesús Marillo Karam, defiende que los agentes confundieron a los estudiantes con miembros del grupo criminal 'Los Rojos', contrario a 'Guerreros Unidos', y por ello entregaron a 43 de estos 'normalistas' a este último grupo dedicado al narcotráfico.
Además, asegura que fueron miembros de esta misma organización quienes los mataron y calcinaron en el basurero de Cocula para posteriormente tirar sus cenizas a un río cercano. Esta versión ha sido apoyada tanto por la Fiscalía como por el Gobierno Nacional.
Sin embargo, ha sido contradicha reiteradamente. Como ejemplo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) aseguró en septiembre de 2015 que los estudiantes no pudieron ser incinerados debido a que "no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un sólo cuerpo".
Versión similar a la ofrecida por un grupo de forenses argentinos miembros de la investigación, así como por parte del Grupo Interdisciplianrio de Expertos Independiente (GIEI), que recientemente aseguró que que "no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a testimonios de que 43 cuerpos fueron quemados en el basurero municipal de Cocula".
El investigador peruano de la Universidad de Queensland, José Torero, en su investigación determinó que para quemar por completo 43 cuerpos hubiera sido necesario apilar entre 20.000 y 40.000 kilogramos de madera.
FALTAN 41
El mismo día de la desaparición, los normalistas Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fontes murieron a causa de los ataques. Destino que poco tiempo después compartirían con otros dos jóvenes: Jhosivani Guerrero de la Cruz y Alexander Mora Venancio.
El cuerpo sin vida de Venancio fue encontrado apenas dos meses después, el día 6 de diciembre. Por su parte, De la Cruz fue hallado muerto el 16 de septiembre de 2015.
NEGLIGENCIAS EN LA INVESTIGACIÓN
Varias ONGs, así como organismos internacionales, han criticado duramente los procesos investigativos efectuados para tratar de esclarecer lo sucedido con los estudiantes desaparecidos.
De este modo, según AI, entre los profundos fallos de la investigación oficial del caso se incluye el manejo negligente de las pruebas forenses, alguna de la cuales nunca fue procesada. Así, los primeros oficiales que llegaron a Iguala la noche en la que los estudiantes fueron detenidos no tomaron fotos, ni recolectaron muestras de sangre, pelos, ropa o huellas dactilares. Además, áreas enteras de la escena del crimen no fueron procesadas.
Las autoridades mexicanas también impidieron que los expertos internacionales entrevistaran a soldados del Batallón de Infantería número 27, localizado en el pueblo donde los estudiantes fueron arrestados. Documentos de Inteligencia desclasificados desde entonces revelaron que militares en Iguala sabían de las detenciones ilegales y de los abusos contra los estudiantes.
Por otra parte, otra de las polémicas revelaciones que se produjeron fue que militares del 27 Batallón de Infantería del Ejército vigilaron durante 15 horas a los 43 'normalistas' justo en los momentos críticos que llevaron a su desaparición.
A pesar de ello, el Gobierno se negó a que los miembros del 27 Batallón sean interrogados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y solo permitió que los expertos envíen cuestionarios y que los militares les respondan por escrito.
EL EJECUTIVO, SEÑALADO
Además de los familiares de los desaparecidos --que han llegado incluso a acusar al presidente Enrique Peña Nieto de "corrupto" o "asesino"-- organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, la CIDH o AI han mostrado su descontento con la investigación del Gobierno Mexicano. Amnistía incluso criticó el "escandaloso encubrimiento orquestado en los niveles más altos del Gobierno".
Por su parte, el GIEI denunció el pasado mes de febrero una serie de obstáculos en su labor tales como filtraciones de personas que no han declarado o descalificaciones contra los miembros del grupo. "Los ataques y difamaciones al GIEI intentan cerrar el espacio para llegar a la verdad", destacaron los expertos.
Asimismo, en los primeros meses de la investigación, un grupo de forenses argentinos que estaban ayudando en el proceso de identificación de los supuestos restos hallados en el río --escena que podría haber sido manipulada-- denunciaron públicamente que no estaban presentes en el momento que se sacó del río la bolsa con los presuntos restos de los jóvenes.
La indignación por parte de los afectados fue en aumento con el paso del tiempo ante la ineficacia de las pesquisas, y esta se tornó en violencia. Fue así como varios familiares boicotearon las elecciones del 7 de junio de 2015, donde se elegían a diputados federales, alcaldes y gobernadores de varios estados.
En ciudades como Tixtla (Guerrero), Tehuantepec (Oaxaca) o Belisario Domínguez (Chiapas) se quemaron urnas con una gran cantidad de votos emitidos, y se clausuraron varios colegios electorales.
Se hacía realidad así la amenaza de los familiares de los desaparecidos que habían advertido que boicotearían la cita electoral, gracias al apoyo del sindicado Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes también protestaban por la reforma educativa que pretende aplicar el Ejecutivo de Peña Nieto.
Otros episodios fueron la quema del Palacio de Gobierno y de la Alcaldía de Chilpancingo, capital de Guerrero, el 14 de octubre de 2015.
La CIDH sostiene que la desaparición de los jóvenes podría estar relacionada con las rutas de la droga en el estado de Guerrero. La PGR asegura que los 'normalistas' fueron víctimas de una venganza política del alcalde Iguala. El regidor local se los habría entregado a Guerreros Unidos presentándolos como miembros de una banda rival y los sicarios les habrían matado.
En este sentido, un informe de la OEA emitido en septiembre del pasado año, aseguró que de los cinco autobuses, solo uno de ellos no fue atacado, sino únicamente desalojado, y esto --sospechan-- se debe a que transportaba un importante alijo de droga que querían proteger, lo cual podría explicar el móvil del crimen contra los 'normalistas'.
IMPLICACIÓN DE FUNCIONARIOS
Los padres de los 43 estudiantes reclamaron el pasado mes de abril el cese del jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, así como la apertura de una investigación contra él.
Zerón fue acusado por las familias de los desaparecidos de colocar pruebas falsas en el río San Juan donde se encontraron bolsas con restos humanos, aunque este se defendió asegurando que su presencia allí era legal. Finalmente, el jefe de la AIC dimitió este 14 de septiembre.
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Pero la indignación aumentó cuando el propio Zerón fue nombrado el pasado martes 20 técnico del Consejo de Seguridad Nacional de México.
También las autoridades de Iguala y Cocula --cuya vinculación al 'caso Iguala' fue ya confirmada-- han sido señaladas desde un principio como los principales responsables de la desaparición, pero no las únicas.
Unos de los principales señalados es que fuera responsable de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores, quien se encuentra en paradero desconocido. Flores fue acusado por Sidronio Casarrubias --miembros de 'Guerreros Unidos'-- de participar en la desaparición de los 43 y de formar parte de una red criminal encabezada por su primo.
Por si fuera poco, el primo de Flores es el que por aquel entonces era alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien fue también señalado por Casarrubias como cómplice del caso. Según las investigaciones, fue el propio Abarca quien ordenó el ataque contra los estudiantes
En este sentido, la CIDH advirtió en abril que un nuevo testimonio revela la presencia y participación de dos policías municipales de Huitzuco y dos más de la Policía Federal en el crimen.
En tanto, el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos Torres, anunció en junio que la investigación sobre el caso ha podido confirmar un nivel alto de infiltración por parte del crimen organizado en algunas instituciones.
Betanzos, indicó que el cártel de Guerreros Unidos tejió una importante red en el norte del estado hasta alcanzar a los servidores públicos para poder operar.
Según su explicación, 'Guerreros Unidos' habría tejido "una red de complicidades en Iguala, Cocula y municipios aledaños" y se habría infiltrado "en los cuerpos de seguridad pública municipal", alcanzando a los "servidores públicos que recibían dinero para el control de la Policía municipal".
Pero la última revelación, efectuada la pasada semana y confirmada por la PGR, señala que la Policía de la ciudad de Huitzuco, en el estado de Guerrero, sí se desplazó a Iguala, lo que podría suponer la implicación de los agentes de ese municipio.
Esta confirmación ha sido posible gracias a un rastreo de los teléfonos móviles de los agentes de Huitzcuo que demuestra que varios policías hicieron un viaje de ida y vuelta a Iguala esa misma noche a las mismas horas en las que se produjeron los enfrentamientos, contradiciendo la versión de los agentes que aseguraron ante el Ministerio Público que no salieron de su municipio aquella noche.
Unos pocos meses antes, en julio del presente año, salió a la luz que Dirección de Protección Civil Municipal de Iguala, una corporación de rescate y salvamento, participó en los ataques contra los 43 normalistas.
Un miembro del organismo es David Cruz Hernández, alias 'El Chino', quien, según PGR, es el "jefe de los halcones", un cuerpo de 'Guerreros Unidos'. Este ha sido señalado como cómplice del asesinado del joven César Mondragón.
De este modo, según las investigaciones del Gobierno mexicano, de la CNDH y del GIEI, en los ataques contra los normalistas no sólo participaron cuerpos policíacos, sino también de protección civil.
En cuanto a los agentes policiales, entre los meses de julio y septiembre de este año, hasta 39 policías ministeriales de Guerrero, así como 19 federales, han sido investigados por su posible implicación.
Ello se debe a los hallazgos realizados al cruzar las llamadas telefónicas de policías, funcionarios y de los propios 'normalistas' la noche que desaparecieron, algo que no se hizo de forma exhaustiva durante la primera parte de las pesquisas.
Tampoco queda libre de sospecha el Ejército azteca, sobre todo tras hallarse a principios de agosto una nueva prueba que implica a la institución armada: el uso de registros telefónicos del móvil del primer normalista asesinado en Iguala, Julio César Mondragón, que fue descubierto tras la labor de tres periodistas, tal y como relató la cadena 'CNN'.
Tras recrear la ruta de las llamadas, los periodistas concluyeron que el teléfono estableció comunicación desde el Campo Militar Número 1 y desde el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), después de su fallecimiento. Además, este número se mantuvo activo hasta el 4 de abril de 2015, ocho meses después de que fuese asesinado.
México vive inmerso en una de las mayores crisis de Derechos Humanos de los últimos años. Un caso que ha salpicado desde altos cargos hasta (casi)todos los cuerpos de seguridad del estado de Guerrero.
Mientras sale a la luz la implicación de nuevos cuerpos de seguridad y otros funcionarios, 41 personas siguen en paradero desconocido, sometiendo en la desesperación a las familias que claman porque se haga justicia de una vez por todas.