Amnistía Internacional denuncia el veredicto como una "farsa" tras numerosos defectos procesales
MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un tribunal de Túnez ha condenado a un total de 40 acusados, la mayoría opositores al Gobierno, a penas de entre 13 y 66 años de cárcel por conspirar contra la seguridad del Estado.
Entre ellos se encuentran seis figuras políticas de la oposición (Jaouhar Ben Mbarek, Jayam Turki, Isam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Ridha Belhaj y Abdelhamid Jelassi) que, según la ONG Amnistía Internacional, "han estado detenidas arbitrariamente desde que comenzó la investigación en febrero de 2023".
Concretamente, los acusados han sido señalados por conspirar contra la seguridad interna y externa del Estado, vínculos con grupos terroristas, atacar la integridad del Estado e incitación a la violencia, según han confirmado fuentes judiciales a la agencia oficial tunecina TAP.
Los veredictos pueden ser apelados por los acusados, algunos de los cuales se encuentran a la fuga.
El caso emerge de la decisión del presidente tunecino, Kais Saied, de arrogarse en 2021 las competencias del Parlamento, dominado por la formación islámica Ennahda, que procedió a disolver, en lo que la oposición describió como un autogolpe de Estado. Noureddine Bhiri, Sahbi Atig y Said Ferjani son tres condenados que pertenecen a esa formación.
Amnistía Internacional también ha identificado entre los condenados a "destacados defensores de los derechos humanos como Kamel Jendoubi, Ayachi Hammami y Bochra Bel Haj Hmida", así como a empresarios y accionistas de medios de comunicación privados.
La oposición, aglutinada mayoritariamente en torno al Frente de Salvación Nacional (FSN), ha denunciado desde entonces el aumento de la represión y ha exigido la dimisión de Saied, especialmente ante la oleada de detenciones de opositores, activistas y periodistas.
Saied, que ha rechazado las acusaciones, revalidó su mandato en las elecciones celebradas en octubre pasado; unos comicios marcados por la baja participación y las críticas al proceso electoral.
La directora sénior de Investigación, Políticas, Incidencia y Campañas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, ha condenado el veredicto como "una farsa de justicia" que "ilustra el total desprecio de las autoridades por las obligaciones internacionales de Túnez en materia de derechos humanos y el Estado de derecho".
"El deterioro de la independencia judicial en Túnez es profundamente preocupante y el creciente abuso del sistema judicial por parte de las autoridades ejecutivas y su interferencia en la administración de justicia socava fundamentalmente el derecho de los acusados a un juicio justo y el Estado de derecho", ha añadido Guevara Rosas, antes de denunciar defectos procesales.
Durante la audiencia inicial, el tribunal declaró erróneamente que los detenidos se habían negado a participar en el juicio, omitiendo mencionar su solicitud de comparecer físicamente ante el tribunal. Los abogados presentes lo impugnaron, aclarando que sus clientes solo se habían negado a participar a distancia, según el relato de Amnistía.
Asimismo fue impedido el acceso a la sala a algunos periodistas de medios de comunicación tunecinos y extranjeros. El Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT) denunció las acciones de las autoridades. También se prohibió la entrada a la sala a algunos observadores de organizaciones de la sociedad civil, como Amnistía Internacional en Túnez.